El Hospital Posadas, una mole de 80.000 metros cuadrados marcada por desvíos de fondos y abusos de poder
Hace dos semanas, luego de que el director ejecutivo presentara su renuncia, el ministerio de Salud anunció el envío de 110 telegramas por inasistencia injustificada, que se sumaron a 40 que ya había mandado
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LA NACIONFabiola Czubaj
En el Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas, nada cambia. Ahí, donde la demanda de atención crece, política y gremios siguen midiendo fuerzas a pesar de sus fracasos. Ni los recambios de gestión con más o menos resistencias internas pudieron en dos décadas reordenar siquiera los contratos temporarios de personal o evitar desvíos de fondos y abusos de poder. No por nada, se lo utilizó sin pudor para el delivery de dosis a un circuito paralelo de vacunación vip durante la pandemia de Covid.
Y ese no fue el único escándalo en el que quedó involucrado el Posadas en estos años, en medio de constantes reclamos del personal por salarios, estabilidad laboral y condiciones de trabajo cotidianas a la altura de un hospital escuela de alta complejidad para chicos y adultos. Cíclicamente, se anuncian despidos que después hay que revisar, se suceden directores y los gremios pujan por sentarse a la mesa con autoridades para “dialogar”. Nada cambia en esos bloques de más de 80.000 metros cuadrados donde equipos de profesionales y técnicos siguen haciendo su trabajo a pesar de todo. Durante la pandemia, uno de cada cuatro empleados contrajo Covid.
El 16 de febrero de 2016, la imagen de una silla de ruedas incrustada en el resonador del Servicio de Diagnóstico por Imágenes impactó como pocas veces suelen hacerlo los conflictos silenciosos que se libran en el Posadas, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. En ese momento, el gobierno de Cambiemos habló de sabotaje dentro de una escalada de hechos de vandalismo. “Alguien debió hacer alguna maniobra muy torpe para ponerla a menos de un metro de la entrada del equipo”, dijo el director ejecutivo, Alberto Díaz Legaspe, tras la denuncia penal por daños que nunca terminó de definirse.
A medida que una comisión normalizadora revisaba los registros de gastos y mecanismos de compras, fallas eléctricas dejaron parados todos los ascensores durante cinco horas y la heladera del vacunatorio se apagó en un intento de reparación eléctrica de obras que se habían postergado. Voceros gremiales atribuyeron esos desperfectos a la precariedad del mantenimiento del hospital y afirmaron que el daño al resonador había sido un “accidente”, a diferencia de la versión oficial. También lo hizo Nuevo Encuentro, una agrupación peronista liderada por Martín Sabbatella con base en Morón y a la que Aníbal Fernández –entonces jefe de Gabinete– asignó la intervención del hospital para resolver el “desorden financiero”.
La decisión de urgencia coincidió con un brote infeccioso en la sala de recuperación nutricional neonatal por el uso de un lote de fórmula infantil contaminada que se intentó ocultar desde el Estado, como documentó LA NACION, y el desorden de la gestión incluía hasta la compra de medicamentos de uso hospitalario a un laboratorio intervenido por innumerables irregularidades en su producción y la Anmat lo clausuró ese año. Su nombre, Surar Pharma, reapareció estos meses: el laboratorio HLB Pharma, productor de las dosis de fentanilo contaminado, comercializaba productos de esa marca sin autorización regulatoria.
Pero hace 10 años, en el último de mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la resistencia gremial a causa de la precarización laboral del personal amenazaba la inauguración de obras del Plan Director por un monto que, en cinco años, pasó de $176 millones a más de $350 millones.
Una vez apaciguada esa resistencia interna –en ocho meses se formalizaron 2035 contratos con acuerdo de al menos uno de los gremios–, la intervención usó más de medio millón de pesos del presupuesto del hospital para contratar 60 micros desde y hacia distintos puntos del conurbano; servicios de vallado, sonido y luces; un catering para casi 300 personas, y la actuación de Víctor Heredia. CFK presentó las obras el 24 de noviembre de 2015, días antes de abandonar la presidencia.
“No solo estaba en ruinas el Posadas, estaba en ruinas también la planta de más de 4400 trabajadores que la integran, todos precarizados, salvo 1000, algunos con más de 20 o 30 años de antigüedad –dijo en el acto–. Se hicieron concursos; nadie entró sin concurso y es más, hay 1200 trabajadores que por no reunir las condiciones, precisamente están como monotributistas.”
Al año siguiente, aún faltaba habilitar parte de esas construcciones y los trabajos que se habían hecho en la cocina del hospital, por ejemplo, ya mostraban deficiencias: una auditoría documentó roturas en pisos que no eran antideslizantes, desprendimiento de azulejos en las paredes y la llave térmica no resistía la carga de dos o más carros térmicos para trasladar la comida. La comisión normalizadora designada por el gobierno de Mauricio Macri dio con “una estructura de contrataciones por urgencias a través de fondos rotatorios que actuó de manera paralela al Departamento de Contrataciones de la institución”, según se denunció.
Idas y vueltas
En ese momento, la revisión del ingreso masivo de personal el año anterior incluyó también despidos injustificados. Las protestas, en un clima de tensión constante, lograron corregir algunos de esos casos.
“Nunca negamos los ingresos para diferentes sectores. Los otros sindicatos también ingresaron gente. Nadie está ajeno a eso. Pero queremos dejar en claro que no son 1700 ni 2000 ni, tampoco, soldados de Nuevo Encuentro. Entraron hijos de trabajadores del hospital sin filiación política con el sabbatellismo”, concedió a este medio, en aquel momento, Darío Silva, dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Morón. Profesionales enojados por incorporaciones que terminaron afectando a colegas criticaban la “entrada por la ventana” de militantes al hospital.
Con ese malestar latente, el sindicalista reconoció la existencia de “quioscos”, que calificó como “uno de los principales problemas que siempre tuvo el Posadas”. La cocina, por ejemplo, estaba al mando de un dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS), con unos 50 empleados que, en su mayoría, adherían a ese gremio. Ahí, la primera auditoría en años fue recién en 2016.
Aun hoy, al menos dos de los gremios en el Posadas cuestionan en diálogo con este medio el manejo de poder interno de ATE y sus delegados coinciden en la “excesiva” tolerancia de la mayoría de las gestiones. Es que las incorporaciones se traducen en afiliaciones y su número, en poder interno. En la práctica, son los contratos temporarios los que las facilitan tanto como a los despidos. Se estima que el 70% de la planta del Estado está contratado de esa manera o con monotributo.
Durante la pandemia de Covid, el hospital quedó involucrado en el denominado vacunatorio vip, conducido desde el Ministerio de Salud. “Es un bastión peronista”, había definido al Posadas un sindicalista de la sanidad en diálogo con este medio. El año pasado, Mario Russo, exministro de Salud del gobierno libertario, lanzó: “Es una cueva de militantes”. Y era, recién, el primer año de la gestión de Javier Milei. “Es un hospital con mucha historia, que tiene grandes profesionales, pero también tiene un gran desorden”, amplió el funcionario.
Salud atribuyó a una auditoría el haber detectado el pago “desmesurado e irregular” de horas extras, algo que al menos un gremio venía denunciando internamente. Personal de mantenimiento o maestranza llegaba a cobrar más de $3 o $4 millones por mes, muy por encima de los ingresos de los profesionales que cumplen con sus horario y funciones. Ese cobro había sido autorizado por las autoridades del hospital durante el gobierno de Alberto Fernández, de acuerdo con registros oficiales.
Los pagos de horas extras a personal no médico superaban los $566 millones mensuales en ese momento. Así, en un recibo por algo más de $3 millones, por ejemplo, $2,3 millones eran por horas extras. “No llegaban precisamente al bolsillo del trabajador que las percibía y las autoridades del hospital estaban al tanto”, refirió a LA NACION un empleado con información sobre ese circuito. “El hospital está tan, pero tan mal manejado que no resiste una auditoría”, afirmó por estos días.
Para entonces, Salud había anunciado 88 despidos por motivos como “incumplimientos de horario, de las tareas asignadas y ausentismo laboral elevado”. Como desde hace años, varios de esos casos se vuelven a revisar. Hace dos semanas, luego de que el director ejecutivo del Posadas presentara su renuncia, la cartera sanitaria anunció el envío de otros 110 telegramas por inasistencia injustificada que se sumaron a los 40 que ya había mandado cuatro semanas antes, entre los que en por lo menos dos casos se había dado marcha atrás. Desde Salud indicaron a LA NACION que los nuevos despidos habían sido “consensuados” con los jefes de área.
Al día siguiente, en un hospital con su ritmo habitual, entre el personal había incertidumbre desde el anuncio oficial vía la red X. Las comunicaciones empezarían a llegar dentro de las 48 horas, mientras voceros de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Posadas-Cicop coincidieron en que estaban revisando “caso por caso”. Esto, a medida que los empleados que se enteraban que aparecían en una lista “no oficial” que empezó a circular desde el anuncio público.
“Lo que se comprobó es la inasistencia para cumplir tareas. En algunos casos, ingresaban pero no se presentaban en el área donde estaban destinados y, algunos, ni siquiera presentaban la tarjeta de acceso a diario. Se constató cada caso y las áreas ampliaron esa información con la concurrencia efectiva o no al lugar de trabajo”, ampliaron desde el ministerio a cargo de Mario Lugones sobre el frente de conflicto abierto en un hospital de derivación de alta complejidad donde nada parece cambiar.
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