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Un juez federal ordenó al Gobierno frenar la suspensión del fondo que manejaba una funcionaria de Grabois
Hizo lugar a un amparo colectivo que encabezó el CELS; ordenó la entrega de un plan para darle continuidad a la urbanización de barrios
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LA NACION
Un juez federal de Pehuajó hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó suspender temporalmente la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), tal como había resuelto el presidente Javier Milei en el decreto 312/2025 con el que también giraba todos sus recursos al Tesoro Nacional.
La medida fue firmada por el juez federal Héctor Andrés Heim que, además de suspender la aplicación de los artículos 1,4,5 y 8 del decreto, instó al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en una resolución anterior, de noviembre de 2024, que pedía presentar un plan de continuidad del proyecto, que busca urbanizar los barrios populares y cuyo financiamiento provenía del 30% del impuesto PAIS.
El Gobierno dispuso la eliminación del FISU luego de una serie de denuncias sobre direccionamiento de recursos a favor de cooperativas vinculadas a referentes del kirchnerismo.
Para el juez, la reinstalación del fondo apunta a resguardar “el goce de los derechos de acceso a la vivienda digna, salud, y a un medio ambiente sano”.
Además, ordenó al Poder Ejecutivo a que, en un plazo de tres días, presente el estado de las las cuentas bancarias, inversiones y colocaciones financieras del Fondo. El juez incluso sancionó a Sebastián Pareja, por su papel a cargo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana. Le aplicó una multa de $200.000 por día. La sanción se debe a la demora por parte del Gobierno a responder la anterior resolución de noviembre. Vencido el plazo de tres meses, ante la falta de respuesta, el juez envió un oficio a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat y luego otro a la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.
En el gobierno anterior, el fondo era manejado por Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y militante de Juan Grabois. Este viernes, el sector de Grabois difundió la novedad del fallo judicial.
El Gobierno había entregado una carta a otro juez, en La Plata, en la que el director de asuntos jurídicos del ministerio de Economía, Daniel Osvaldo Descals, sostenía que se encontraban trabajando en un plan para ordenar prioridades en la obra pública.
Para el juez, las demoras en responder mostraron una “clara postura evasiva” por parte del Poder Ejecutivo respecto a lo ordenado en noviembre para garantizar continuidad al fondo
La demanda fue encabezada por el Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS) que patrocina a vecinos de distintos barrios populares. Según hizo afirma en un comunicado, son más de 5 millones de familias las que viven en los 6.467 barrios populares de Argentina, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)
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