Con casi un año de demora, el Gobierno designó a los integrantes del Consejo de Mayo
Aún hay dudas sobre su puesta en marcha y no hay reuniones previstas; estarán los legisladores Ritondo y Losada, el gobernador de Mendoza, el jefe de la UIA y un sindicalista de la CGT
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LA NACIONJaime Rosemberg
Con casi un año de demora, el gobierno de Javier Milei definió en las últimas horas la integración del Consejo de Mayo, órgano integrado por miembros del Poder Ejecutivo, el Congreso, los gobernadores, el empresariado y la CGT. La intención es acelerar la implementación de “políticas a largo plazo”, acordadas en el Pacto de Mayo que el Presidente firmó con los gobernadores en Tucumán, el 9 de julio de 2024.
Por medio de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó los nombres de los integrantes del Consejo de Mayo, seleccionados a propuesta del Poder Ejecutivo. En representación de los gobernadores fue elegido el mandatario radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien discute con el oficialismo algún tipo de acuerdo electoral de cara a las próximas elecciones en su provincia. “Fue una propuesta del Gobierno, veremos cómo funciona”, explicaron a LA NACION cerca del gobernador de Mendoza.
En representación de la Cámara de Diputados estará el macrista Cristian Ritondo-encabeza la negociación de Pro con los libertarios en la provincia de Buenos Aires-y por el Senado estará la también radical Carolina Losada, a quien el Presidente saludó de modo muy afectuoso durante el Tedeum, en la Catedral Metropolitana, el 25 del mes pasado.
Se sumaron, además, el gremialista del rubro de la construcción, Gerardo Martínez, en representación de la CGT, y Martín Rappallini, flamante titular de la UIA, por el empresariado. El Consejo, que será encabezado por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ya tenía como representante del Poder Ejecutivo al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Se designó, en el mismo decreto, a la joven María Cecilia Domínguez Diacoluca, egresada de la Universidad Di Tella y miembro del staff de Sturzenegger, como secretaria técnica del Consejo.
“Era una deuda que teníamos pendiente”, reconocieron en la Casa Rosada. Admitieron, además, que el objetivo es lograr consensos para avanzar con proyectos de ley que están aún pendientes, como la reforma fiscal o la ley de blanqueo de dólares “en el colchón”. Argumentaron que se buscó “pluralidad” y “una representación amplia” con la designación de macristas, radicales y hasta un peronista, como Martínez, del ala más dialoguista y conciliadora de la CGT. “Tal vez (Rogelio) Frigerio o (Raúl) Jalil era más cómodo para nosotros, preferimos ampliar”, comentó otra voz del Poder Ejecutivo.
En los considerandos del decreto, firmado por Milei y Francos, se recuerda que la ley Bases y el Pacto Fiscal fueron fundamentales para la firma del pacto, pero se aclara que el consejo debió haber comenzado a funcionar el 17 de agosto último. También establece que, en todo este tiempo, “no se han recibido las propuestas de los Consejeros que lo integrarán”, lo que habla a las claras de la intención del Gobierno de no dilatar más la conformación del consejo, aunque sea con dirigentes cercanos de los distintos ámbitos que lo integran.
“Ante la falta de propuestas, y con el fin de no dilatar más las tareas encomendadas al Consejo de Mayo, deviene necesario modificar la modalidad de designación de sus integrantes, en procura de seleccionar a los representantes de cada uno de los sectores implicados con prescindencia de la previa propuesta establecida”, agrega el decreto, al justificar la modificación de la reglamentación que permitió la designación sin propuestas consensuadas de cada área.
La tarea de Domínguez Diacoluca será la de “la organización y convocatoria de reuniones, así como la realización de tareas de asistencia al Presidente del citado Consejo”, según el decreto.
El 9 de julio pasado, 18 gobernadores firmaron junto al Presidente el Pacto de Mayo, un conjunto de principios económicos y sociales a ser puestos en práctica por el Consejo. La idea era que ese órgano se encargara del “debate y elaboración de proyectos de leyes”, pero el tiempo fue pasando y no hubo avances ni definiciones.
Los cortocircuitos con los gobernadores por el parate de la obra pública y la escasez de recursos hicieron imposible un acercamiento. Los ruidos e idas y vueltas con los gremios y la dificultad de los empresarios para acordar un nombre de consenso-sugirieron en el Gobierno-también demoraron la puesta en marcha. Ahora, a iniciativa de Francos y Sturzenegger, la idea que prima es la de poner en marcha el consejo, aunque según pudo saber LA NACION no hay una fecha prevista de convocatoria e inicio de las deliberaciones.
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