La condena a Cristina: ¿ilusión o un antes y después en la política argentina?
A veces la esperanza es voluntarista, pero lo novedoso de esto es que está advirtiendo a los políticos que, si roban recursos del Estado, pueden terminar en la cárcel
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LA NACIONJoaquín Morales Solá
En estos días, el kirchnerismo está agitando de tal manera que está casi violando el derecho y la ley. Lo que pasó es que la Justicia juzgó, condenó y puso presa a una persona muy importante y poderosa por hechos de corrupción cuando estaba a cargo del Estado.
Las manifestaciones, que fueron numerosas, no son lo más importante de la historia, sino que por primera vez una política muy poderosa es condenada por delitos de corrupción. A domiciliaria, en su casa, pero en prisión. Va a tener que cumplir las condiciones que le impone la Justicia o se podrá cambiar su lugar y mandarla a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal, que es una cárcel. De hecho, la defensa de Cristina Kirchner le pidió al tribunal si le podía precisar si podía salir al balcón o no, y, según ella, le contestaron que no. Si la respuesta fue esa, es lo lógico. Yo no conozco un preso común que haya salido al balcón a saludar a los simpatizantes o familiares.
Es importante que alguien con la envergadura de Cristina esté presa. Desde 2003, Néstor y Cristina fueron personas con un poder enorme. Tanto en el gobierno como en los años en los que fueron oposición, como con Macri o Milei. Una de esas personas va presa por hechos de corrupción. Gran parte de las denuncias por corrupción que se hicieron en estos 35 años las erigió primero el periodismo. Después, políticos sensibles las levantaron e hicieron la denuncia penal en la Justicia.
El presidente Milei también mezcla a los periodistas con la casta política. A lo mejor algunos forman parte. Pero muchos se arriesgaron, fueron valientes y sus investigaciones terminaron en causas judiciales. Si la Justicia lo resolvió o no es un problema de ella, no de nosotros.
Tal vez sea una ilusión, pero la prisión de Cristina Kirchner puede significar un antes y un después en la política. No se puede comparar el delito, pero recuerdo el Juicio a las Juntas, que también significó un antes y un después. Hasta ese momento, los militares entraban y salían del gobierno cuando se les ocurría. Una vez que los condenaron a prisión se terminó la opción militar como alternativa de poder. No se volvió a hablar más. Y hubo momentos muy traumáticos en la historia del país en la democracia, como las hiperinflaciones o la profunda crisis de 2001, y nunca se habló de alguna posibilidad de gobierno militar.
A veces la esperanza es voluntarista, pero yo creo que esto está advirtiendo a los políticos que, si roban recursos del Estado, pueden terminar en la cárcel. Eso es lo novedoso.
Una cosa es la prisión domiciliaria y otra la situación que se vive el barrio de Constitución, donde Cristina tiene su departamento. El gobierno de la ciudad pidió que cumpla la condena en otro lugar de la Capital Federal por la cantidad de gente que se reúne ahí y el ruido que hacen. No se puede condenar a parte de un barrio a vivir en esas condiciones. Creo que si esto no se detiene -Cristina y la Cámpora lo pueden hacer- la Justicia puede revisar donde va a cumplir la condena. No olvidemos que ella tiene su casa en El Calafate, la cual está apartada del vecindario y ella puede vivir en tranquilidad. Ella no quiere ir ahí porque quiere seguir haciendo política en la capital y hacer la lista de los candidatos nacionales de octubre. Quiere seguir teniendo presencia en la política argentina a través de sus mensajes -como el que mandó este miércoles a la manifestación- y la representación de su hijo.
Cristina tiene que entender de una buena vez que está en prisión. Presa. No está encerrada en su casa por alguna otra razón, sino porque la Justicia le dio el beneficio de una prisión domiciliaria, la cual a mucha gente se la niega.
Por último, quiero expresar mi preocupación por este nuevo protocolo de la Policía Federal que difundió el Gobierno. Es demasiado vago y general como para cualquier interpretación. Se autoriza a detener a alguien sospechoso por 10 horas. En este país, los únicos que pueden detener a las personas son los jueces, a excepción de que la Policía vea a alguien en un delito flagrante. Cuidado con el ciberpatrullaje. ¿Será solo para las redes sociales, que son abiertas, o también van a entrar a WhatsApp? Estarían violando el derecho a la intimidad de las personas. ¿Se pueden modificar cuestiones penales por decreto como hicieron? Yo creo que no, tienen que pasar por el Congreso.
Este miércoles obligaron a un periodista de LN+ a ir a la comisaría como testigo porque un hombre dijo que iba a matar al Presidente. Pero no se puede obligar a nadie inocente a ir a una comisaría. La Policía puede creer que tiene más poder que la ley. Cuidado con las libertades, la privacidad y la intimidad de las personas.
