Trump podría usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes en Pensilvania: el fallo de una jueza
Stephanie L. Haines, designada por el presidente en su primer mandato, dispuso que en su jurisdicción se podrá usar la norma de 1798; no obstante, impuso una serie de limitaciones, garantías y obligaciones
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LA NACION
Un fallo judicial en Pensilvania abrió la puerta a una controvertida estrategia migratoria del presidente Donald Trump, que intenta aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar deportaciones de inmigrantes venezolanos. Aunque la jueza Stephanie L. Haines avaló la medida reconoció su legalidad en este caso puntual, también impuso serias restricciones al modo en que el gobierno puede llevar a cabo las expulsiones.
Una decisión sin precedentes en Estados Unidos: el fallo de la jueza de Pensilvania
La jueza federal Stephanie L. Haines, nombrada por Trump durante su primer mandato, se convirtió en la primera magistrada de Estados Unidos en respaldar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros con fines de deportación. El fallo se concentró en la situación de un inmigrante venezolano identificado con las iniciales A.S.R., que fue trasladado a Pensilvania antes de su eventual expulsión de EE.UU.
Según informó The Washington Post, el caso tomó relevancia nacional por tratarse del primer fallo favorable al uso de este recurso legal en el contexto de inmigración moderna. La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada hace más de dos siglos, fue aplicada solo en tres ocasiones previas, y siempre durante conflictos armados: la guerra entre EE.UU. y Reino Unido en 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
Qué dijo la jueza Stephanie L. Haines sobre la Ley de Enemigos Extranjeros y su alcance
En su fallo, aunque la magistrada autorizó el uso de esta normativa, también dejó en claro que el proceso de deportación empleado por el gobierno de Trump violó garantías constitucionales básicas.
- Haines dictaminó que el gobierno debe otorgar al menos 21 días de notificación previa a las personas señaladas como “enemigos extranjeros”.
- Ese aviso debe entregarse en un idioma que el migrante comprenda claramente.
- Además, los afectados deben tener la oportunidad de impugnar judicialmente su expulsión antes de ser trasladados fuera de EE.UU.
La jueza rechazó los argumentos del Departamento de Seguridad Nacional, que defendía la posibilidad de realizar estas deportaciones con solo 12 a 24 horas de aviso. Según Politico, Haines calificó ese procedimiento como “lamentablemente insuficiente”.
Triunfo de Trump: un fallo aislado frente a un consenso judicial contrario
La postura de Haines contrasta con la de otros jueces federales que ya se pronunciaron sobre el tema. En las últimas semanas, tribunales de Colorado, Nueva York, Texas y otros estados bloquearon temporal o permanentemente este tipo de deportaciones por considerarlas ilegales.
- En Colorado, Nueva York y el sur de Texas, jueces resolvieron que la Ley de Enemigos Extranjeros no puede aplicarse para expulsar a inmigrantes indocumentados, incluso si están acusados de formar parte de bandas delictivas como el Tren de Aragua.
- Horas después del fallo de Haines, otro juez en el oeste de Texas también frenó deportaciones bajo esta ley si no se otorgaba un mínimo de 30 días de notificación.
Estos fallos contradictorios podrían derivar en una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya ha intervenido parcialmente al pausar las expulsiones en un distrito de Texas.
Ley de Enemigos Extranjeros: qué implica el fallo para Pensilvania y otras regiones
El fallo de Haines se aplica específicamente al distrito occidental de Pensilvania, donde se encuentra el Moshannon Valley Processing Center, el mayor centro de detención de inmigrantes del noreste de Estados Unidos.
La decisión habilita al gobierno federal a ejecutar deportaciones en esa jurisdicción bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, siempre que se respeten los plazos y condiciones establecidos por la jueza.
Los migrantes afectados aún conservan el derecho de acudir a los tribunales para frenar sus expulsiones, lo cual podría provocar que otros jueces intervengan caso por caso.
Según The Washington Post, los abogados que defienden a los inmigrantes pidieron a la Corte Suprema que defina si es legal la aplicación de esta ley en tiempos de paz y qué nivel de notificación se exige para que una deportación sea constitucional.
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