Contra el ICE: senadores de California piden frenar el uso de datos de Medicaid para acelerar la deportación de migrantes
La revelación de correos internos y memorandos oficiales encendió el alerta en el Congreso; los demócratas consideran que se trata de una maniobra encubierta del gobierno deTrump
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LA NACION
La polémica por el uso de datos personales de inscritos en el Medicaid tuvo esta semana un nuevo capítulo en Estados Unidos, luego de que dos senadores de California exigieran al gobierno de Donald Trump detener la transferencia de información hacia las agencias encargadas de las deportaciones. Los legisladores alertaron sobre posibles violaciones a la privacidad y pidieron destruir los datos ya entregados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Dos senadores exigieron destruir los datos de Medicaid que obtuvo el DHS
El senador Alex Padilla, protagonista de la reciente noticia de su arresto en medio de una conferencia de prensa de la secretaria del DHS Kristi Noem en Los Ángeles, y su compañero de bancada Adam Schiff enviaron una carta a funcionarios de alto nivel del gobierno republicano para reclamar por el acceso a información confidencial, incluyendo el estatus migratorio, de millones de personas beneficiarias del Medicaid, según informó AP.
En su nota dirigida al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; a Noem; y al administrador de CMS, Mehmet Oz, advirtieron que la práctica implicaba riesgos legales y éticos. En esa línea, los legisladores calificaron como “alarmante” que los datos se compartieran con fines ajenos al sistema de salud y reclamaron una explicación inmediata sobre el destino de la información transferida. También exigieron detalles sobre cómo planea utilizarla el DHS y una copia de todas las comunicaciones entre las agencias involucradas.
Sin consenso: Trump autorizó el envío de datos personales de Medicaid a agencias migratorias
La transferencia de estos datos generó fricciones incluso dentro del propio gobierno. Funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) rechazaron la orden, y argumentaron que compartir esa información violaba la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974. Sin embargo, altos funcionarios designados por Trump ignoraron las objeciones y dieron apenas 54 minutos para ejecutar la entrega.
Según documentos internos obtenidos por AP, los datos incluían nombres, direcciones, números de seguro social y detalles médicos de personas inscritas en California, Illinois, Washington y el Distrito de Columbia. Todos esos estados permiten que migrantes no ciudadanos accedan al Medicaid utilizando únicamente fondos estatales. En cambio, Nueva York, Oregon, Minnesota y Colorado aún no enviaron datos identificables, según fuentes vinculadas al proceso.
A su vez, expertos señalaron que, además de facilitar redadas y detenciones, el gobierno podría usar la información para negar la residencia legal o la ciudadanía a personas que accedieron en el pasado a beneficios del Medicaid financiados por el gobierno federal.
La entrega de datos se produjo justo cuando la administración Trump intensificaba sus acciones en el sur del Estado Dorado, incluyendo redadas apoyadas por la Guardia Nacional y la infantería de Marina. La revisión que justificó el acceso a la información se ampara en una orden ejecutiva de Trump titulada: “Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”.
Desde el gobierno de California, el gobernador Gavin Newsom expresó su rechazo a la medida. Aseguró que esa transferencia de datos amenaza la seguridad y la salud de quienes podrían ser blanco de persecuciones. “Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos”, afirmó el mandatario demócrata en un comunicado.
La decisión de Trump generó una gran controversia, incluso hacia dentro de su administración
Exfuncionarios del propio sistema de salud reconocieron que la entrega de datos fue “inusual” y contraria a los protocolos tradicionales. Jeffrey Grant, exempleado de carrera en los CMS, remarcó que el DHS no tiene ninguna función en la administración del Medicaid.
En ese sentido, la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, había firmado un memorando el 6 de junio, en el que señalaba que la entrega de información violaba políticas históricas del programa y advertía sobre el riesgo legal para los estados que aceptaran compartirla.
Pese a esas advertencias, los CMS obedecieron la orden y compartieron la información el 10 de junio. El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Andrew Nixon aseguró que se actuó dentro de los límites legales; mientras que Tricia McLaughlin, funcionaria del DHS, respaldó la transferencia al afirmar que se busca cumplir con la promesa de Trump de proteger el Medicaid frente a abusos por parte de inmigrantes ilegales.
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