Las leyes que firmó DeSantis en junio y cambian los derechos de propiedad en Florida
El gobernador del Estado del Sol rubricó dos proyectos que buscan beneficiar, entre otros, a los dueños de inmuebles y de hoteles al imponer una serie de reglas más estrictas ante la invasión de ocupantes no deseados e ilegales
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LA NACION
En un nuevo giro en las políticas de propiedad en Florida, el gobernador Ron DeSantis promulgó dos leyes que transforman el modo en que propietarios comerciales y hoteleros enfrentan los casos de ocupaciones ilegales. A partir del 1° de julio de 2025, la normativa permitirá desalojos más rápidos y directos sin atravesar largos procesos judiciales. Los detalles de estas legislaciones revelan un intento explícito por reforzar la protección del derecho a la propiedad frente a ocupaciones no autorizadas que, hasta ahora, generaban un vacío legal que afectaba a empresas, hoteles y otros establecimientos comerciales.
Nuevas herramientas para frenar a los okupas comerciales
La primera de las leyes firmadas por DeSantis, el Proyecto de Ley del Senado 322 (SB 322), habilita a los dueños de propiedades comerciales a solicitar directamente la intervención del sheriff del condado cuando detecten ocupantes ilegales. De este modo, se busca eliminar obstáculos legales que hasta ahora ralentizaban el proceso de desalojo.
Según se detalla en la normativa, la ley:
- Autoriza a los propietarios o sus representantes legales a pedir la remoción inmediata de personas que ocupen ilegalmente inmuebles comerciales, siempre que se cumplan ciertas condiciones específicas.
- Permite a los agentes del orden arrestar a quienes ocupen sin autorización estos espacios, cuando existan causas legales fundadas.
- Prohíbe expresamente la permanencia ilegal o el ingreso forzoso a propiedades comerciales, así como el daño intencional de un valor determinado.
- Establece penas penales para aquellos que promuevan u organicen tomas ilegales de inmuebles, incluyendo castigos para quienes ofrezcan listados fraudulentos de propiedades en alquiler.
- Brinda un procedimiento más eficiente para la recuperación de los inmuebles, lo que minimiza la pérdida económica y los daños materiales para los propietarios.
- Incluye garantías legales tanto para los dueños como para las fuerzas de seguridad, a fin de evitar responsabilidades ante posibles desalojos indebidos.
DeSantis celebró la firma de esta norma con una postura tajante: “Florida no tolera a los okupas; estamos del lado de los propietarios”, afirmó el gobernador desde Tallahassee este 2 de junio, cuando oficializó la ley. También recordó que el estado ya contaba con fuertes protecciones para viviendas particulares y que ahora esos mismos resguardos se extenderán a los bienes comerciales.
La nueva legislación quedó registrada como la Ley N.º 2025-112 y fue impulsada por el senador Rodríguez, con el respaldo de los comités de Reglas y de Justicia del Senado. La fecha de entrada en vigor fue fijada para el 1° de julio de 2025.
Cambios clave para hoteles, moteles y alquileres temporarios
La segunda norma rubricada por DeSantis, el Proyecto de Ley del Senado 606 (SB 606), apunta directamente a la industria del alojamiento turístico. La medida responde a una problemática creciente: huéspedes que, al dejar de pagar o extender su estancia sin autorización, se amparaban en resquicios legales para evitar el desalojo inmediato.
Con la nueva ley, se refuerzan los derechos de los operadores hoteleros al clasificar de forma más precisa qué se entiende por “residencia transitoria” y “ocupación permanente”.
Entre los puntos más importantes de la nueva normativa, que quedó registrada como Ley N.º 2025-113, se destacan:
- Se clarifica que toda estancia en hoteles, moteles, alquileres vacacionales, hostales y multipropiedades debe considerarse como “transitoria”, salvo que exista un contrato escrito que exprese de manera clara que ese lugar es la única residencia del huésped.
- Se impide que un huésped que no pague pueda invocar derechos como si se tratara de un inquilino residencial, lo que obligaba a los hoteleros a iniciar procesos de desalojo prolongados y costosos.
- Se refuerza la definición de “ocupación transitoria” y “ocupación no transitoria” en las leyes estatales, consolidando la idea de que las estancias cortas no deben recibir el mismo tratamiento legal que los contratos de alquiler residencial.
- Se establecen procedimientos más ágiles para el retiro de personas indeseables de alojamientos públicos o establecimientos gastronómicos.
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