Colombia: son niños, no combatientes
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El reclutamiento forzado de niños y adolescentes para obligarlos a convertirse en combatientes, vigilantes, espías o someterlos a aberrantes abusos sexuales, repudiable práctica extendida entre todos los grupos armados ilegales de Colombia, es una flagrante violación al Estatuto de Roma, del cual ese país es signatario.
Los acusados son los de siempre: las disidencias de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras estructuras criminales menores que completan el mapa de la violencia.
Los menores de edad son arrancados de sus familias o de sus comunidades por estas organizaciones criminales para adoctrinarlos, llevarlos a los frentes de combate, utilizándolos para tareas de inteligencia, como escudos humanos o para labores de vigilancia. Muchos de ellos son violentados, víctimas de explotación sexual o terminan desaparecidos, mientras que, acallados por el temor, al menos un 30 por ciento de los casos nunca son denunciados.
La Defensoría del Pueblo colombiana en su más reciente informe recalcó que el enrolamiento forzado de niños y adolescentes en actividades bélicas presentó un preocupante incremento del 151% de 2023 a 2024: de 184 casos a 463. En idéntico sentido, Save the Children, organización reconocida por su permanente defensa de los niños, lanzó este año una alarma: el preocupante incremento de mil por ciento en el reclutamiento de menores en Colombia en los últimos cuatro años.
Los grupos armados ilegales recurren a nuevas modalidades para el reclutamiento. Las redes sociales, y en particular TikTok, se han transformado en una herramienta funcional para ese propósito, ofreciéndoles una vida llena de promesas engañosas.
A través de imágenes atractivas y fáciles de encontrar, que representan poder, fuerza y riqueza, captan su atención y los llevan a una guerra sin salida.
La persistencia de esta crítica realidad está llegando a extremos nunca vistos como es el caso de algunos niños que prefieren suicidarse a ser reclutados por los grupos armados.
Resulta de vital importancia que el gobierno colombiano actúe de manera decidida para erradicar esta práctica inhumana que despoja a los niños de su infancia y los obliga a cargar un fusil para combatir en un conflicto que no les pertenece.
El reclutamiento de menores es un crimen de lesa humanidad que no puede ni debe normalizarse. Solo políticas efectivas de prevención que lo impidan y sanciones ejemplificadoras contra las organizaciones criminales permitirán acabar con la práctica atroz e inhumana de poner a los más jóvenes en medio de una guerra que liquida a quienes deberían naturalmente protagonizar el futuro.
