Buenos Aires, bajo el agua: la tragedia que cuesta millones de dólares

CARLOS CASARES, Buenos Aires.- Para transitar por la ruta provincial 50, que es de tierra, entre la localidad de Carlos Casares y Bolívar, hay que subirse a una camioneta y, aun así, las probabilidades de quedarse encajado en medio del barro son muchas. Si esto sucede habrá que tener algo de suerte y esperar que pase un vecino con un tractor, porque tampoco hay señal para comunicarse por teléfono. Lo sabe muy bien la gente de Ordoqui, una localidad en donde viven 137 personas, lejos de las 2000 que supo albergar en la década del 40, cuando pasaba el tren. “Acá había seis fábricas”, dice Roberto Berardo al recordar viejos y buenos tiempos para una comunidad que estaba conectada con la ciudad. Hoy en esta localidad, sobre el camino de tierra que se vuelve intransitable, se encuentra una planta compresora que lleva gas de Vaca Muerta al AMBA.

Este es uno de los lugares del centro y oeste bonaerense con problemas de inundaciones por las intensas lluvias de los últimos meses, en especial durante abril y mayo, pero también por la falta de continuidad de diversas obras de infraestructura. En total, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), unos 2 millones de hectáreas quedaron bajo el agua en toda la provincia en el peor momento del fenómeno. La entidad informó que Carlos Casares y 9 de Julio se convirtieron en el epicentro del problema. Hoy siguen muy afectadas entre 800.000 y un millón de hectáreas, además de Carlos Casares y 9 de Julio, si se consideran Bolívar, 25 de Mayo, Henderson (partido de Hipólito Yrigoyen), parte de Saladillo y General Alvear, entre otras zonas.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) acortó ya en 100.000 hectáreas, es decir, a 7,1 millones de hectáreas, la siembra nacional proyectada de trigo debido a los excesos hídricos.

LA NACION hizo una recorrida, en las últimas semanas, de casi 1000 kilómetros por Carlos Casares, 9 de Julio y también Roque Pérez. En Carlos Casares hay por lo menos 82.000 hectáreas inundadas, que se pueden observar por satélite, pero no se ve el agua en aquellas hectáreas que todavía tienen cultivos, por lo que se calcula que es el doble. En 9 de Julio hay 80.000 hectáreas afectadas, pero también pueden ser más. Cayeron por lo menos, en promedio, 800 milímetros en lo que va del año. Roque Pérez y las localidades aledañas también tienen un mar de agua.

El demorado Plan Maestro

“Lo que da bronca es que pasan los años y las obras están sin hacer. Hay un Plan Maestro para el Río Salado [N.d.R., abarca 17 millones de hectáreas] desde hace 25 años, pero se ha hecho poco. Cuando se proyectó el plan, se comunicó que las obras estarían terminadas en 10 años. La inversión se habría pagado con creces con el resultado de la producción. Sin embargo, seguimos con las pérdidas económicas a causa de las inundaciones reiteradas en la provincia de Buenos Aires", señala Pablo Ginestet, secretario de Carbap. Según la entidad, se ha construido poco más del 50% de la infraestructura planeada.

Un análisis de la organización reveló que el costo de no haber realizado las obras fue exponencialmente mayor que la inversión en hacerlas: el presupuesto contemplaba un desembolso de US$2000 millones (actualizado, cerca de US$4000 millones). Se estima que los productores de la cuenca han aportado al fisco, principalmente vía retenciones a las exportaciones, una cifra superior a los US$35.000 millones a pesar de tener pérdidas productivas acumuladas de más de US$5000 millones.

“Desde el Consejo del Salado venimos insistiendo y destacando la necesidad de avanzar con los proyectos de las llamadas obras complementarias [N.d.R, como canales más chicos que conectan con otros más grandes, entre otras], que cuestan mucho menos que el dragado y son imprescindibles, porque permitirían llegar a los rincones de la cuenca y darle así un sentido integral al Plan Maestro para la prevención o mitigación de inundaciones”, dice Alberto Larrañaga, titular del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado.

Fuentes del gobierno provincial, en diálogo con LA NACION, dijeron que falta parte de la etapa IV del Plan Maestro, a cargo del gobierno nacional, y que espera que se libere el presupuesto necesario para que se retomen las obras. Hasta ahora no hay noticias al respecto. Este medio se comunicó con el Ministerio de Economía de la Nación, pero no obtuvo respuestas.

El día a día con caminos intransitables

El impacto de las inundaciones en la población rural es enorme. A pesar de amar donde viven, confiesan que, en muchas ocasiones, la pasan mal y sienten tristeza por las jóvenes generaciones que emprenden el éxodo. En Ordoqui, en abril estuvieron 17 días sin luz, no tienen señal para el teléfono y es difícil “enganchar” internet.

La falta de mantenimiento de los caminos rurales en general, sobre todo cuando están secos, la falta de reemplazo de las alcantarillas rotas y el escaso tratamiento de los bajos son reclamos generalizados de los usuarios. Las historias se multiplican: se quedan encajados, no pueden entrar a sus propiedades, no pueden sacar la leche, los granos, los animales se mueren o se enferman, no pueden cosechar ni sembrar. Vivir y trabajar en el campo es una odisea. En estas condiciones, por ejemplo, no llegan los docentes ni los médicos. Hay que rezar para no tener un accidente o algún problema grave de salud.

Los chicos se ven afectados. Carolina Bonino, quien vive en Ordoqui, dice que tiene que recorrer 80 kilómetros para llevarlos a una escuela agrotécnica, pero por las vueltas que hay que dar a causa de la inundación se conviertan en 150. Y añade: “Hay niños que directamente no llegan a la escuela”.

“Pasamos 16 inundaciones en cuatro décadas, y nada cambia”, comenta Alicia Sánchez, quien también vive en esta localidad. “Necesitamos que se reactiven las obras de la Cuenca del Salado”, completa. Toda la comunidad está pendiente de esta promesa incumplida.

Es inevitable la discusión entre los que tienen que sacar la producción con vehículos pesados (o intentan hacerlo), y aquellos que piden que no se circule por los caminos de tierra cuando están embarrados porque los “huellones” los dejan intransitables. Los dos tienen razón. Los dos intentan sobrevivir al caos y a los problemas para transitar los caminos a pesar de que una tasa vial rural puede llegar, por ejemplo, a los $4.500.000 anuales para un campo de 300 hectáreas (no importa si es todo productivo o si tiene áreas bajas, como por ejemplo lagunas).

La historias se multiplican. Matías Santamaría, que tiene un tambo que produce 15.000 litros por día, cuando normalmente llega a los 27.000 litros diarios. Dos veces por día, debe trasladar ida y vuelta a los empleados de Ordoqui en tractor. También fue afectado Leonardo Milanessi, encargado de la estancia Fortín Rifle, que tuvo que evacuar a una familia porque el agua llegó a su casa.

Federico Ortiz Ham es un productor agropecuario de Bacacay, cerca de 9 de Julio. “Tenemos el 70% de las 1371 hectáreas con agua y perdimos un lote entero de 150 hectáreas de soja. Además tuvimos que malvender los animales. Acá hay gente que tiene el agua adentro de la casa. Nos preguntamos: ¿cómo sigue esto?“, reflexiona.

Fabián Córdoba, que integra la Comisión Vial de Carlos Casares, describe costos ocultos. Entre ellos, que en esta situación, dice, se cosecha la soja con una mayor humedad, por lo que hay que invertir en secado. Por su parte, Mario Reymundo, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares, resume: “Queremos lograr un cambio de actitud por parte de la política. Que dejen de ver al sector agropecuario solo como una fuente de recursos y nos consideren como un socio estratégico para el desarrollo del país. Este cambio es entender la importancia de la infraestructura, en particular de los caminos rurales, para el desarrollo de toda la comunidad rural”, dice. Alicia Sánchez agrega: “A los políticos no les interesa nuestra realidad”.

“Tenemos los caminos del siglo pasado, cuando se circulaba en carreta o a caballo, con productores que invierten en equipamiento del siglo XXI. Hace muchos años que la política equivocó el camino. Brasil multiplicó seis veces su producción, mientras que la Argentina solo la multiplicó por tres”, sostiene Reymundo.

Más allá de los problemas, el resultado de diversas charlas con quienes viven este drama deja una conclusión: se sienten solos. “No ha venido nadie a intentar colaborar”, cuenta Nicolás Capriroli, de Carbap 9 de Julio, que indica que la mitad de la cosecha en la zona está “muy complicada”. Agrega al pedido de una acción para evitar la proliferación de canales clandestinos, que los caminos rurales estén bien mantenidos por los municipios. En 9 de Julio pusieron en marcha lo que llaman un “semáforo” de los caminos a través de la opinión de los productores sobre su estado. Hoy el 95% de estas vías son un rojo.

Todos piden que se haga especial hincapié en volcar el 100% de la tasa vial al cuidado de los caminos para lograr su transitabilidad, aún cuando hay excesos hídricos.

Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares, afirma que “los caminos rurales están colapsados” y que “año tras año la erosión eólica los ha desgastado. Están entre 50 centímetros y un metro por debajo del terreno natural de los campos”. También refiere que, en el partido, el 70% de lo recaudado en la tasa vial va para caminos y el resto para un fondo para mantener el municipio. “El presupuesto no alcanza -dice-, ya que el Estado nacional se lleva un porcentaje muy importante del resultado del trabajo del productor y la tasa vial no es suficiente para los períodos de emergencia”.

En 9 de Julio, el 75% de lo recaudado se destina al mantenimiento de los caminos y esto incluye sueldos y gastos administrativos del personal abocado a estas tareas. El 25% restante también va para pagar gastos del municipio. “Durante los últimos 20 años hubo un mantenimiento muy básico de los caminos rurales, y cuando te sorprende una lluvia de 1000 mm en 100 días es una catástrofe”, asegura Juan Pablo Boufflet, secretario de Obras y Servicios Públicos de 9 de Julio. Stagni confirma que “hay un ciclo húmedo preocupante. Sería muy importante que se realicen los dos canales proyectados del Plan Maestro al sur de la localidad”.

Por su parte, el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó, el 29 de mayo último, a través del Decreto 2025-1180, la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones que pospone impuestos o los elimina, para quienes prueban que tienen afectado el 80% del campo. La medida alcanza a las explotaciones rurales en los partidos de Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General La Madrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.

Solo 32 kilómetros

Desde Carbap critican que una obra clave de dragado para evitar el desborde del Río Salado está parada por falta de financiamiento por parte del gobierno nacional. Se trata del Tramo IV, Etapa 2 del Plan Maestro Integral. Son 32 kilómetros entre Roque Pérez y el puente que une los partidos de 25 de Mayo y Lobos. Allegados a las empresas de dragado confirman que registran una deuda que, junto al presupuesto para el tramo que falta, llega a US$120 millones, una partida que, por ahora, no se asigna.

En diálogo con LA NACION, el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, confirma que, a pesar de que existe un Fondo Hídrico de Infraestructura, la obra está paralizada. “El río se desbordó por todos lados. Esos 32 kilómetros que faltan es un cuello de botella porque a ambos lados está dragado, pero falta este tramo que complica todo”, asegura. También hace referencia a que no haber puesto a punto los puentes, que quedaron chicos, también afecta la zona. “Se nos vino el agua al pueblo y tuvimos que poner bombas para despejarla”, agrega.

Ignacio Iturriaga, administrador de un establecimiento rural de la zona, explica que el río pasó de tener aproximadamente 60 metros de ancho y 1,20 metros de profundidad a alcanzar, con el dragado, 200 metros de ancho con hasta 3,5 metros de profundidad. “Aguas arriba y aguas abajo los trabajos sí fueron completados, pero este tramo intermedio quedó sin resolver. Como consecuencia, el agua que baja con mucha fuerza desde aguas arriba se estanca y se desparrama en la zona, causando inundaciones y anegamientos, antes de volver a encauzarse más adelante”, cuenta.

Iturriaga también remarca que “en todo el proyecto de canalización no se contempló la instalación de compuertas, que permitirían regular tanto el ingreso como la salida del agua”, opina.

En cuanto a la ejecución de la obra, señala que las dragas comenzaron a disminuir su avance hace más de un año hasta quedar paralizadas. “Un hecho clave que marca la gravedad del evento es que los campos quedaron completamente tapados de agua en apenas 96 horas”, comenta el productor.

Otro de los productores de la zona, Fernando Agustinelli, quien también administra un campo en la cuenca del Salado, confirma que vive la misma situación crítica y que el abandono de las obras genera una gran incertidumbre para todos los que trabajan la tierra en esta región.

Hay un panorama muy complicado, que no se despeja ya que persisten las lluvias. “El exceso hídrico va a quedar hasta la primavera, por lo menos”, finaliza Ginestet. Mientras, lejos de la comodidad de la ciudad, quienes viven en la ruralidad todos los días encaran desafíos de grandes proporciones que ya deberían ser cosa del pasado.

Por Paula Urien

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